Red de apuestas de 3,8 millones de euros derribada

En una nota publicada en su sitio web, la Procuraduría General de la República de Porto (PGRP) dice que, entre 2016 y 2019 (fecha de la detención), "el principal imputado, propietario de dos empresas (también imputadas) dedicadas a la compra y venta de vehículos a motor, en Vila do Conde, concibió y ejecutó un plan para la explotación rentable de los juegos de apuestas deportivas, [of] juegos de 'tragamonedas' y [of] juegos de ruleta electrónica, que adquirieron en Alemania".

Haberlo hecho en al menos 22 establecimientos comerciales (cafés/restaurantes) en el área de Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada y Maia ”, dice la PGRP.

Según el diputado, "el resultado de esta actividad delictiva" hizo que los imputados obtuvieran casi 3,8 millones de euros, y añadió que, a través de las empresas que dirigía, "el imputado principal organizaba y dirigía una estructura humana y logística".

En ese sentido, “contó con la colaboración de un militar de la GNR, quien a cambio de recompensas en bienes, brindó información sobre operativos policiales de inspección en lugares donde se desarrollaba la actividad delictiva, para que las personas en los distintos establecimientos de café/restaurante, pudieran ocultar los dispositivos antes de que llegara la policía”.

El oficial de la GNR está acusado de corrupción pasiva y favoritismo personal practicado por un funcionario.

Los imputados también eran responsables del "mantenimiento y control de sitios web y gestión de cuentas de apuestas, programación de software de equipos electrónicos, reparación y asistencia técnica remota, gestión, supervisión y control de cuentas de clientes en los 'sitios' de apuestas deportivas y el control de los juegos de 'tragamonedas', el cobro del dinero de las apuestas y, aún, cada uno por su cuenta, atrayendo a otros empleados para la organización que estarían "a su cargo".

Paralelamente a “esta actividad delictiva”, el imputado principal, a través de las sociedades mercantiles que dirigía, “se dedicaba de manera fraudulenta a la reventa de vehículos automotores importados, a través de un esquema para evadir el IVA
[Value Added Tax] al Estado".

La investigación dice que el imputado logró, entre 2017 y 2019, sustraer de las arcas del Estado casi 886.000 euros en concepto de IVA.